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Por José Luis Rodríguez*
El impacto de la crisis del Período especial fue enorme para la economía cubana. El PIB cayó 34,8% entre 1989 y 1993, retrocediendo ese año al nivel de 1981; las importaciones se redujeron 75,3%; las inversiones bajaron 61,8%; la agricultura perdió 47,3% en el valor de su producción y la productividad del trabajo descendió 33,7%.
Adicionalmente, la enorme presión inflacionaria se expresó en un aumento de la liquidez en manos de la población que superaba el 66% del PIB y se manifestaba también en la depreciación del valor del peso cubano, cotizado en la economía informal entre 120 y 150 pesos por USD en el primer trimestre de 1994, frente a 7 pesos por USD en 1990. De igual modo, el déficit de presupuesto llegó al 33% del PIB en 1993.
Por otro lado, y a pesar de la política implementada para proteger a la población, el consumo de los hogares por habitante cayó 34,6% de 1989 a 1993, con un insumo calórico que se redujo 34,5% y un insumo proteico que descendió 37,7%. Esto significaba que -como promedio- la población cubana consumió en 1993 solo 1 863 kilocalorías diarias (de un mínimo estimado en 2 100) y 46 gramos de proteína, de un mínimo de 56. Tales niveles de consumo se mantendrían por debajo de lo requerido hasta 1996-1997. Esta se señalaría como una de las causas probables de la aparición de enfermedades como el brote de neuropatía de origen tóxico-nutricional detectado en 1993, que alcanzaría una tasa de incidencia de 493,3 por 100 000 habitantes entre 1992 y 1996.
De igual modo, servicios básicos como el suministro eléctrico también sufrieron fuertes afectaciones, ya que la generación en relación con la capacidad instalada se redujo hasta 38% en 1994, lo cual motivó que ya desde julio de 1992 comenzaran los cortes programados de electricidad, en condiciones en que el país vio reducida su disponibilidad de petróleo equivalente a unas 6,5 millones de toneladas anuales, para un recorte de 50% respecto a 1989.
A las consecuencias anteriormente señaladas se sumaría el incremento de las tensiones sociales que una situación de crisis como la descrita provoca. Estas tensiones tendrían su expresión más aguda con la llamada crisis de los balseros en el segundo semestre de 1994. Sin embargo, un impacto de mayor extensión y calado en el tiempo se registraría como consecuencia del deterioro del nivel de vida de la población, que se manifiesta -entre otros indicadores- a partir de una caída estimada de 56% del salario real en cuatro años, aunque otros autores consideran una disminución de hasta 80%.
No obstante, la magnitud de ese deterioro a partir del incremento en los precios —tal y como ha sido estimado por diversos autores— debe ser tomada con reserva. Al respecto señalaría con razón la investigadora Angela Ferriol que “…en los años de la crisis económica desaparecieron productos de la oferta, aparecieron otros, y se crearon y desaparecieron segmentos del mercado. Considerar todos esos elementos en un estimado del índice de precios requiere de tratamientos técnicamente complejos, de una base de información empírica para esos años que no está disponible y de un estudio conciliado, por lo que los porcentajes de variación del índice de precios al consumidor (…) deben ser considerados con reserva”.
De igual forma, durante estos años se produjo una distribución regresiva de los ingresos en medio de las presiones inflacionarias presentes en el Período especial, las que se agudizarían con la introducción de las remesas de divisas a una parte de la población a partir de agosto de 1993.
El coeficiente Gini mostraba hacia 1989 un valor de 0,25, que denotaba una distribución de ingresos equitativa. Los estimados disponibles para los años 90 muestran que el valor de ese coeficiente se elevó a una cifra entre 0,38 y 0,40, lo cual refleja el deterioro sufrido, aunque, aun así, el indicador se mantenía por debajo de los más importantes países de América Latina. En efecto, el coeficiente Gini en los años 90 llegaba a 0,63 en Brasil; 0,52 en Argentina, Chile y México; 0,44 en Uruguay y 0,42 en Costa Rica.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para minorar el impacto de la crisis, no fue posible impedir en estos años el inicio de un proceso de reestratificación social. Según la socióloga Mayra Espina, este proceso llevó a que el índice de población en riesgo de no satisfacer sus necesidades elementales aumentara de 6,3% en 1986 a 14,7% en 1995.
La distribución regresiva de ingresos tuvo como base la diversificación de sus fuentes debido a la expansión de la economía sumergida y el trabajo no estatal, así como las remesas y la creación de fuentes de ingresos diferenciales en divisa para una parte de los trabajadores.
Esta polarización social creó condiciones favorables para el incremento de las conductas antisociales, con fenómenos tales como la prostitución, la corrupción y el delito, comportamientos en los que también se expresaba una pérdida de valores morales por un segmento de la población.
En el discurso pronunciado por el presidente Raúl Castro ante la Asamblea Nacional en julio de 2013, se reconocería el impacto de esta situación al señalar: “Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de 20 años de Período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás”.
A pesar de las enormes dificultades enfrentadas, Cuba rebasaría gradualmente a partir de 1994 los peores impactos del Periodo especial a base de enormes sacrificios y sin renunciar a sus principios. (Continuará)
* El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.
* Este trabajo se basa en el capítulo II del libro El Período especial en Cuba: la batalla económica, en proceso de publicación por el autor.
(Fuente: CC)
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