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Muy llevada y traída esa promesa del presidente electo norteamericano, Donald Trump, de deportar a los 11,3 millones de emigrados ilegales, que se dice existen en Estados Unidos.
Ello con el fin de ganarse el voto de la mayoritaria población blanca y de los millones de desempleados en ella, parte de los latinoamericanos que se encuentran ya establecidos y que llevan la solidaridad en la suela de los zapatos, y de algunos descendientes de africanos, que ven así una mayor oportunidad de empleo y están cansados de la política de Obama de incumplimientos y que ha derivado en la exacerbación del racismo.
Todo se completaba con el levantamiento de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, cuyo costo, según Trump, debían asumirlo los mexicanos, además de una serie de medidas económicas, al parecer más en serio, para ahorrar gastos a EE.UU., que produjo la alerta en el vecino país, ya esquilmado parte de su territorio mediante el poder militar norteamericano y la traición de falsos líderes del patio hace dos siglos y medio.
Pues bien, de aquellos 11,3 millones de indocumentados —más de dos millones deportados ya por la saliente administración de Barack Obama— ahora Trump dice que serán más o menos unos tres millones, todos los cuales entran en la veleidosa calificación de narcotraficante, vendedores de armas y otras “bondades” que son tan “caras” en esa sociedad de consumo, la Reina de la Sociedad de Consumo, para que se lea bien.
Pero, ¿cómo saber quién es quién? ¿Quién los escogerá? ¿Bajo qué figura jurídica? Y, creo que lo principal: ¿Quién los dejó entrar, los mantuvo y utilizó, no solo en obras agrícolas ni en tantos trabajos que los norteamericanos no quieren hacer —pese al desempleo— y se los deja a la clase menesterosa?
Para ello hay que ahondar, aunque pienso que no tanto, porque detrás hay todo un negocio en el que figuras del propio Estados Unidos han obtenido jugosas ganancias, incluidos directivos y miembros de las organizaciones que dicen combatir el narcotráfico, pero se apoderan de parte del botín y tienen hondas ramificaciones con los magnates que obtienen los mayores beneficios.
Series norteamericanas televisivas de diverso estilo han sacado a la luz el tema, como si fuera algo natural, porque lo es en un tipo de sociedad como la norteamericana, en la que se castiga al que se sale de lo pactado o se constituye en un peligro para el vil negocio, aunque en este caso es lo más probable que perezca, abierta o encubiertamente.
La sucia DEA
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, su sigla en inglés) ha estado detrás, y delante, de toda esta suciedad que hoy envuelve a tantos indocumentados que pueden ser deportados, algunos de los cuales quizás “desaparezcan” en el trayecto, porque “saben demasiado”.
Trascendió que enlos últimos años, la DEA ha participado en operaciones de lavado de dinero para los narcotraficantes del sur del Río Bravo.
Los comerciantes de armamento de la franja sur de Estados Unidos hacen dinero vendiendo armas sin ningún control oficial, a sabiendas de que buena parte de ellas son enviadas a la delincuencia organizada en México, y no se tiene noticia de que el gobierno de Washington realice un esfuerzo policial significativo contra la introducción de drogas ilícitas por la frontera común, sin que se empeñe en desmantelar las redes de distribución de enervantes en su propio territorio.
No sé si Trump será consecuente con eso de expulsar a los delincuentes, pero hasta ahora no hay agallas para emprender contra la DEA y otras entidades afines acciones que castiguen su falta de escrúpulos para quebrantar la legalidad nacional, traficar armas de fuego destinadas a los grupos armados que comercian drogas, lavan dinero procedente de estas e incluso participan en fiestas financiadas por narcotraficantes en el país vecino.
Solo resta esperar que Trump, soez y cantinflesco en lo externo, intente en lo interno eliminar la doble moral que ensombrece y mancha a la nación que debe gobernar, por lo menos nominalmente.
(Fuente: HR/Arnaldo Alfonso Musa Pachá)
