Juzgan y condenan en Cuba a beneficiarios de estafa al Medicare

martes, 23 de abril de 2019
6:28:47 p.m. 

Se trata de un grupo de ciudadanos cubanos que realizaron una estafa multimillonaria al Medicare en Estados Unidos y cuyo dinero ilícito fue ingresado a la isla para ser invertido en una serie de propiedades y negocios en Sancti Spiritus y La Habana. (Foto: El ciudadano cubano-estadounidense financió la construcción completa de esta casa en Zaza del Medio y su paladar, ubicado en el segundo nivel. /TripAdvisor)

El protagonista de este desfalco es un espirituano identificado como Orelvis Olivera Amador (Papo), residente en Miami, y que fue sancionado en septiembre de 2014 por la Corte del Distrito Sur de la Florida por una estafa continuada al programa federal Medicare ascendente a unos 7 300 000 dólares, razón por la cual cumple una pena privativa de libertad de 20 años de prisión en una cárcel estadounidense.

A partir de las posibles ramificaciones en la isla del actuar delictivo de Olivera Amador, la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus desarrolló un acto administrativo contra este ciudadano cubano-estadounidense y seis de los terceros beneficiados.

Al amparo del Decreto-Ley No. 149, el patrimonio ilegítimo confiscado sumó 6 436 942.76 pesos en moneda nacional, incluidos en la cifra, entre otros bienes, un auto, cuatro viviendas, cuentas bancarias y dinero en efectivo. 

Según explica el reporte de Escambray, los jueces de la Sala Primera de lo Penal, perteneciente al Tribunal Provincial Popular (TPP), en el caso fueron acusadas 13 personas, además de Olivera Amador, por los delitos de lavado de activos, evasión fiscal, evasión fiscal de carácter continuado, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. 

Tras la investigación realizada por el Ministerio del Interior, se descubrieron inversiones millonarias emprendidas con el dinero estafado en las provincias de Sancti Spíritus y La Habana. 

Asimismo, se demostró que los demás encartados, en su mayoría familiares y amigos cercanos al principal acusado, ayudaron en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en la administración del dinero que se enviaba a Cuba desde los Estados Unidos. 

La suma millonaria que llegó a Cuba tuvo entre sus destino la compra de dos automóviles modernos y varias viviendas, las que fueron remodeladas en su totalidad; además de la construcción de dos restaurantes privados, uno en Zaza del Medio y otro en la ciudad de Yayabo; así como la compra y puesta en funcionamiento de una casa dedicada a la renta del turismo en el Vedado. 

Estos negocios, cuyos medios, útiles y equipos electrodomésticos para la prestación de servicios salieron del bolsillo de Olivera Amador, acrecentaron las ganancias y encubrieron —como el resto de las propiedades adquiridas— el origen del dinero mal habido. 

En el reportaje publicado en el diario Escambray se destaca que el resto de los implicados y acusados en Cuba, tenían pleno conocimiento de la procedencia del capital invertido en la isla. 

   

Entre los prestanombres ocupa un sitio relevante Brian Rangel Pérez, quien, tanto en el proceso investigativo como en el acto del juicio oral, no negó los vastos poderes concedidos a él por Orelvis Olivera para, primero, localizar y remodelar una vivienda en La Habana con miras a instalar un hostal y, luego, administrar su funcionamiento y depositar las utilidades en una cuenta bancaria a nombre de la madre de Papo, propietaria en papeles de ese apartamento en el Vedado. 

Según contaron los implicados, el dinero se hacía llegar a Cuba a través de los familiares de Papo y de él mismo acusado principal, quien fue declarado ausente y juzgado bajo tal condición. Todos estos realizaban viajes continuos a Miami y traían de vuelta el dinero consigo sin ser declarado en la Aduana General a su ingreso al país. 

De igual manera, el otro delito cometido a gran escala fue el relacionado con la evasión fiscal. El texto de Escambray destaca que todos los inmuebles comprados y los vehículos adquiridos con el dinero de la estafa siempre fueron declarados antes por debajo de la realidad ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba con el propósito de pagar menos impuestos. 

Además, el Tribunal espirituano encontró pruebas suficientes para sostener que determinados encausados enmascararon compraventas con actos de donación de bienes, sin olvidar otro actuar delictivo: la falsificación de documentos públicos, verificada cuando dos acusados ofrecieron datos falseados a la hora de formalizar matrimonio con el objetivo de que la mujer obtuviera la propiedad de la vivienda perteneciente a su “cónyuge” en papeles. 

La Sala Primera del Tribunal Provincial de Sancti Spítirus solo absolvió a uno de los 14 implicados en la causa 136 del 2017. Al interponer los sancionados recursos de casación, la última palabra la dio el Tribunal Supremo Popular (TSP), que en la mayoría de los casos (11) ratificó las condenas impuestas por el TPP, y en dos, las elevó. 

Por el lavado de activos, Orelvis Olivera recibió una pena de 10 años de privación de libertad. Atendiendo a ese delito y al de evasión fiscal, el TSP modificó a Brian Rangel Pérez la sanción conjunta y única de cinco años, solicitada por el TPP, a seis años de privación de libertad. 

El propio órgano aumentó a una de las enjuiciadas la pena conjunta por falsificación de documentos públicos y evasión fiscal y le determinó cinco años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento. 

En dependencia del delito incurrido y la gravedad de los hechos, el TSP confirmó al resto de los acusados sanciones que van, según el caso, desde una multa de 2 000 pesos, hasta cinco años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento. 

La máxima institución judicial cubana revalidó, además, el decomiso de bienes como medios electrodomésticos y otros recursos, unido a viviendas ubicadas en La Habana, Zaza del Medio y Sancti Spíritus, incluido en este último lugar el apartamento devenido paladar. 

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(Fuente: Escambray/Cubadebate)