¿Qué hacer con los restos de Franco y el Valle de los Caídos?

sábado, 25 de agosto de 2018
6:56:06 p.m.  

Los expertos debaten sobre la exhumación del dictador, su futura sepultura y el uso que hay que dar en el futuro al Valle de los Caídos. (Vídeo: Opina el periodista español Gorka Landaburu Illarramendi, director y vicepresidente del consejo editor del semanario Cambio 16.)

Transcurridos 43 años, nueve meses y cuatro días después de que Francisco Franco muriera, el Gobierno español aprobó este viernes el proceso para exhumar los restos del dictador restos del Valle de los Caídos, un monumento ideado para inmortalizar su propia victoria en la Guerra Civil y que fue construido por presos políticos. La medida fue autorizada por decreto de ley, una decisión teóricamente reservada para asuntos de especial urgencia, por lo que no existe unanimidad entre los partidos políticos españoles.

En El HuffPost pidió la opinión a cuatro historiadores sobre este proceso insólito que ahora comienza. Estas son sus respuestas.

Un símbolo de la pervivencia de la larga dictadura franquista

“Deber ser exhumado”, expresa sin vacilar el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. A su entender, “la continuidad de su tumba, con sus restos, en ese lugar, es un símbolo de la pervivencia de la larga y cruel dictadura que no debe mantenerse”. Y apuntala su opinión con una contundente enumeración de lo que hizo Franco:

 

“Tras ganar la Guerra Civil, iniciada con un golpe de Estado contra la Segunda República, presidió una dictadura que ejecutó a no menos de 50.000 personas y dejó morir en las cárceles a varios miles más de hambre y enfermedad, convirtiendo a la violencia en una parte integral de la formación de su Estado. Franco ideó el Valle de los Caídos, y así se hizo, para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil y honrar sólo a los muertos de su bando, aunque se montara después la farsa de trasladar también allí los restos de miles de rojos muertos o asesinados por su bando durante esa guerra”.

Tampoco tiene dudas Ángel Viñas, autor, entre otras obras, de La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco.

 

Debe ser exhumado, "en primer lugar, porque ni siquiera él manifestó su deseo de ser enterrado. En segundo lugar, porque tampoco fue víctima de la Guerra Civil que ayudó a provocar. En tercer lugar, porque la decisión, que yo sepa, no se tradujo en un texto legal", precisa. "Dejo de lado la significación emocional, psicológica, política" que el debate ha generado al respecto, precisa. 

Carme Molinero, directora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y que en 2011 participó en la elaboración de un informe esencial sobre el futuro del Valle para el Ministerio de Presidencia, manifiesta:

"Mientras Franco esté enterrado allí, en un edificio que es Patrimonio del Estado, en un símbolo de homenaje y de reconocimiento, no podemos dejar de señalar que hay un desajuste, porque eso no debe ser posible en una democracia consolidada como la española. Es algo incompatible e injustificable”.

A quienes insisten en destacar que la tumba la visita quien quiere y que se ha quedado integrada en un complejo religioso que no hace daño a nadie, les replica:

"No es un edificio cualquiera. Se empezó a construir en 1940 después de un decreto que dejaba claramente establecido cuál era su objetivo: homenajear y convertirse en un lugar de memoria por excelencia del franquismo. Se hizo para los llamados caídos por la patria, en homenaje a aquellos que se alzaron contra la República (…) Si Franco está enterrado allí es porque justamente se había convertido en el lugar de memoria de la dictadura y, por tanto, una democracia no puede honrar un edificio que tiene ese objetivo".

El investigador de la Universidad de Cádiz y director científico de la web Todos los Nombres José Luis Gutiérrez Molina comparte la opinión de sus colegas:                               

"Es una cuestión de salud mental", resume. A su juicio, "los cadáveres no pueden estar en los armarios de la sociedad y el franquismo es un armario que está muy presente en la nuestra". Por eso defiende que, frente a los que piden que se aparque este asunto y se mire hacia adelante, se entienda que "sacar al dictador del Valle es justo eso, mirar hacia adelante. Una sociedad centrada no puede vivir con un homenaje perpetuo a un señor responsable de tantas muertes de conciudadanos", señala.

Insiste en que ahora Franco recibe cada día "honores estatales" al seguir enterrado en suelo de Patrimonio, un caso único tras una "dictadura sangrienta" que "mutó, se adaptó y se transformó" en el sistema que ahora tenemos y cuyos dirigentes no se atreven a meter mano al problema. "(…) El Estado es corresponsable y tiene que acabar con esta situación de manera quirúrgica. Nos parecería impensable si cambiamos a Franco por Adolf Hitler o Benito Mussolini. Es un ejemplo de falta de calidad democrática que toca resolver ya", concluye. Además, dice convencido al teléfono, una vez que se exhume a Franco "en 20 días el debate no estará en la agenda de nadie". 

Una democracia no puede reconocer a un dictador 

Los cuatro expertos coinciden en que es la familia Franco la que debe decidir dónde enterrarlo, una vez que sea exhumado de su actual tumba. Será ya una cuestión privada.

Para Casanova, hay que resaltar la excepcionalidad del caso. "El tratamiento dado a los cadáveres de los dictadores por las democracias ha constituido objeto de debate público en casi todos los países, pero España es una excepción en Europa occidental, porque la transición de la dictadura-fascismo a la democracia no se produjo en los años 1945-48, sino 30 años después de la derrota de los fascismos.

 

Franco murió en un hospital, de muerte natural, sin sanción o castigo, como sucedió con la mayoría de los dictadores fascistas, y la segunda parte de esa excepcionalidad española es que la exhumación de sus restos se plantea más de 40 años después de su muerte", contextualiza. De ahí que, ahora, deban llevarse los huesos a un panteón familiar, con un "nuevo entierro" en privado, "sin ninguna manifestación pública".

"Si, para poner en supuestos aprietos al Gobierno, la familia no decide nada, al lado de su esposa [Carmen Polo reposa en el cementerio de El Pardo, en la zona de Mingorrubio, en Madrid]. Si tampoco esto lo quieren, a una sepultura digna donde decidan las autoridades", afirma Viñas, por su parte. "Con su mujer, en Galicia, donde sea", comparte Molinero, recalcando que el debate ya entra en otro ámbito. "La familia puede decidirlo como cualquier otra. Lo que no puede es aspirar a que Franco esté enterrado en un lugar de reconocimiento y que forme parte del patrimonio del Estado. Una democracia no puede reconocer a un dictador", remarca.

La familia tiene que decidir dónde lo lleva, es una cuestión privada.

Gutiérrez Molina explica que, si la familia no quiere hacerse cargo de los restos, como ya ha manifestado a varios medios, se pueden llevar "a un nicho provisional, como se hace con los miles de cadáveres que no son reclamados en este país diariamente". "Se le completa la ficha, se pone a su disposición y ya. No quiero que haya nadie enterrado como un perro, así que a él tampoco hay que negarle ese derecho a tener digna sepultura. Pero que sepa la familia que esos nichos son temporales y, pasado un tiempo, caducan", advierte.

¿Qué hay que hacer luego con el complejo?

Como entre la clase política, entre los profesionales de la Historia también hay un intenso debate sobre lo que debe hacerse con el Valle de los Caídos, una vez que se lleve a cabo la (ahora parece previsible) exhumación del dictador. Un lugar de homenaje, un centro de interpretación, un espacio desacralizado de uso público... Y, antes de eso, hay muchas fases intermedias por superar. Nada fácil, nada rápido.

Para Julián Casanova, lo primero que hay que hacer, de forma "urgente", es dar una solución "a quienes tienen familiares enterrados en el Valle sin su consentimiento, asesinados por los golpistas de julio de 1936 y por las fuerzas armadas de Franco".

Como segundo paso, "habría que conservarlo y explicarlo como un lugar de memoria, reflejo de las políticas de violencia de las dictaduras del siglo XX, como existen otros lugares de memoria de las dictaduras fascistas o comunistas". Sostiene que es "la principal manifestación de la simbiosis entre política y religión que presidió la dictadura de Franco, la espada y la cruz unidas por el pacto de sangre forjado en la guerra y consolidado por los largos años de victoria", de ahí su importancia.

Insiste en que es una "anomalía" tener a Franco en el Valle, "pero el monumento deber mantenerse y explicarse siguiendo las investigaciones históricas más sólidas". "Franco murió en la cama, 30 años después que los principales líderes fascistas, pero compartió con ellos crímenes e ideas. No puede blanquearse ese pasado, ni es posible borrarlo", subraya.

Ángel Viñas remarca las opiniones tan dispares que hay al respecto del uso futuro del Valle de los Caídos y recuerda que, incluso, se ha dicho que debería ser sometido a una voladura controlada. "A mí me parecería un tanto bárbaro", reconoce. Por lo tanto, "no queda sino resignificar el monumento y convertirlo en un lugar de estudio y reflexión sobre la Guerra Civil y la dictadura, que forman una unidad histórica en la que Franco desempeñó un papel preponderante".

El historiador propone que se haga una "licitación" para "determinar las mejores ideas que emanaran de la comunidad de historiadores y del público cualificado y pasarlas luego por un tamiz técnico adecuado", de forma que la decisión final sea lo más satisfactoria posible.

"Como tantas cosas de la historia, hay que conservarlas y explicarlas", asume Carme Molinero. Tampoco es partidaria de destruir el monumento, prefiere mantenerlo, pese a que entiende que hay críticas sobre el coste económico de mantener esa mole.

 "Hay que ir paso a paso: está la parte de Franco que ahora se va a a abordar. Luego, hay que revisar la situación de las miles de personas enterradas allí también y que, dado el estado de degeneración por la climatología y los años, difícilmente pueden ser exhumadas, y necesitan sobre todo reconocimiento. Se les puede dar de distintas maneras, porque espacio no falta, con alguna instalación en la explanada, por ejemplo. Y finalmente está el uso final del complejo, con un posible centro de interpretación. Hay que explicar por qué fue construido, cómo fue construido, por quién, cuál es la simbología de todo el edificio, dentro y fuera, sus columnas, sus esculturas, la cúpula... Y aprender de todo ello", concluye.

José Luis Gutiérrez Molina aboga por que responda "el tiempo". Quitando a Franco de allí —y también a Primo de Rivera— y dando reparación y respuestas a los 33.000 enterrados, "la gran mayoría sin ningún tipo de permiso o autorización", hay que "pensar".

"No es barato de conservar y hay que ver para qué se quiere. Hay que retirar a los benedictinos el control, desacralizar un edificio público y crear una comisión que analice las posibilidades. ¿Por qué no se decide, quién sabe, que se mantenga como hostería? Decirlo ahora mismo es complicado, todo está muy contaminado como para pensar en soluciones tipo Auschwitz. Hay que ver el uso que quiere hacer la sociedad, lo que la sociedad necesita. Que se solucione lo inadmisible y luego vemos. En cuatro o cinco años, con serenidad", propone.

A vueltas con la ley

Tanto Molinero como Gutiérrez Molina valoran también el hecho de que, inicialmente, el PSOE prometió una reforma mayor de la Ley de Memoria Histórica, que por ahora sólo se va a retocar para sacar a Franco de su actual enterramiento.

La profesora de la UAB "casi" se conforma con que se aplique la norma ya en vigor desde hace más de 10 años, cuya implementación es "incompleta". "La ley es suficientemente clara en cuanto que no tendrían que existir calles de reconocimiento a personajes mayores del Franquismo, por ejemplo, o que sí debería haber ayudas a exhumaciones. Cualquier reforma que vaya en profundizar en esos valores no me parecería mal, aunque todo se puede hacer perfectamente ya con la ley actual", sostiene.

Si se toman medidas dentro de 20 años, las personas que necesitan justicia ya no vivirán.

Para el autor de Casas Viejas: del crimen a la esperanza, a su vez, en realidad "no hubiera hecho falta" ni aquella ley, sino "voluntad política de hacer cosas". "El presidente Zapatero la aprobó para encauzar el movimiento memorialista, que no controlaba, que era incontenible en esos años. Había fórmulas para actuar, pero para los doblemente derrotados, en la guerra y la transición, nunca hay respuestas políticas certeras.

 Hay que comprometerse económicamente con las fosas, hay que desbloquear la nulidad de las sentencias del franquismo, si no desde la vía política, desde el poder judicial, hay que abrir los registros civiles para los desaparecidos y pedir cuentas a empresas que usaron trabajo esclavo en aquellos años, porque se nos llena la boca con la Siemens y la explotación de los españoles por parte de los nazis, pero en casa no hacemos nada. Y hay que hacerlo ya, porque si se toman medidas dentro de 20 años las personas que necesitan justicia ya no vivirán", denuncia.

El traslado de Franco quizá puede convertirse, ansía, en ese gran movimiento simbólico, "la piedra pequeña que se quita y con la que se logra que el cauce baje como un torrente". "Este decreto puede permitir que se dé la sensación de que ya no hay vuelta atrás. Así que... que no tenga miedo Sánchez", concluye.

(Fuente: huffingtonpos)