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14/6/2013 0:59:12

 

Corresponde el pedido de desafuero al Senado. También condenaron al ex ministro Camilión y a un ex militar. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 fijó ayer una condena de 7 años al ex presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas entre 1991 y 1995.

 

El ex mandatario ya había sido condenado en marzo por la Cámara de Casación, que en un fallo histórico revocó su absolución y le ordenó al tribunal fijar penas de entre 4 y 12 años por el delito de contrabando agravado.

Menem estuvo ausente en la audiencia: presentó un llamativo certificado médico que alegaba «hipertensión arterial, diabetes y angustia». Con esos pobres argumentos, igualmente el tribunal le concedió el beneficio de no concurrir.

Como atenuantes, el Tribunal tuvo en cuenta la edad de Menem, su precario estado de salud, que no registra antecedentes y el largo tiempo que duró la causa, 18 años. Hace una semana, el fiscal Marcelo Agüero Vera había solicitado una pena de 8 años de prisión efectiva.

La condena incluye la pérdida de todos los privilegios y prerrogativas, 3 años de inhabilitación para ejercer el comercio, 14 años de inhabilitación para ejercer como funcionario o empleado público, la inhabilitación total para integrar las fuerzas de seguridad y para ejercer la patria potestad. Además, el tribunal instó al Congreso a iniciar el proceso de desafuero.

La pena no es de cumplimiento efectivo porque Menem tiene fueros parlamentarios. Además, Menem apeló la condena ante la Corte Suprema, que aún no se expidió. Y ayer sus abogados adelantaron que harán lo mismo sobre las penas ante la Cámara de Casación.

Sus abogados habían presentado un certificado el miércoles por una supuesta «insuficiencia renal» que lo obligaba a guardar reposo. La tercera condena más grave fue para el ex coronel del Ejército Diego Palleros, quien recibió una pena de 5 años.

En 2011, Menem y los otros 17 acusados habían sido absueltos por el TOPE 3, que entendió que la venta de armas no consistió en «acto de contrabando», sino que fue una «decisión de política exterior y un acto político no judiciable». Pero en marzo de este año la Cámara de Casación dio una vuelco en la causa.

 

(Fuente: Los Andes)