En Chile, denuncian «complot CIA» contra dirigentes venezolanos
23/6/2013 9:34:04
Este sábado el medio electrónico Panoramas News publicó los detalles de un nuevo plan para desestabilizar a Venezuela y derrocar definitivamente al régimen bolivariano. El reporte identifica a funcionarios de la inteligencia norteamericana y el gobierno chileno involucrados en su ejecución, tanto en Chile como en el extranjero, según se explica a continuación.
Los agentes y criminales a sueldo de la CIA que operan en Chile, Washington Moreira (con la chapa de la DEA) y Todd Porter (con la chapa del FBI), alias «Carlitos», serían los encargados de gestionar el traspaso de recursos clandestinos para llevar a efecto el asesinato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello antes de fin de año. Los escépticos pueden preguntar en la embajada norteamericana en Santiago.
En este plan existirían dos escenarios posibles. El primero, se refiere al asesinato de Maduro dentro de un ambiente de caos social y desorden generalizado, creado artificialmente. Este crimen busca provocar un vacío de poder para presionar una intervención militar apoyada por la oposición conducida por Capriles.
La CIA ha redoblado sus contactos con mandos militares para sondear sus posibles reacciones ante tal evento. La preparación del terreno incluye violencia en las calles. Ésta será protagonizada, entre otros, por grupos que se dirán vinculados con la ultraizquierda, pero que son digitados desde la estación de espionaje de la embajada estadounidense en Caracas.
Luego ultimarán a Maduro, para lo cual la CIA convocó a francotiradores cubanos anticastristas, ingresados ilegalmente al país.
Para ahondar el descontento está en marcha una operación de gran envergadura para producir en la población el pánico por desabastecimiento. En esto, la CIA seguirá el modelo utilizado para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende en Chile, aplicado a partir de 1970 y que concluyó con el golpe de Estado de 1973 encabezado por Pinochet.
El guión parte con personas que aparecen, repentinamente, en los almacenes de barrios y que compran en exceso o se llevan todos los artículos esenciales, especialmente alimentos. De esa manera, la demanda superará inexplicablemente y por muchas veces la oferta, incubando en la gente la sensación de escasez, imposibilitando de paso, la reposición en igual escala.
Es lo que se conoce dentro de las operaciones de guerra psicológica de la CIA como el efecto «de las vitrinas vacías», usado para impulsar un clima de desesperación y desconfianza.
Empezarán a aparecer, a continuación, las filas de consumidores a la espera de comprar artículos de primera necesidad. Todo esto será explotado mediáticamente y hasta la saciedad por la oposición, con despachos de TV en directo, especialmente desde localidades pobres, para socavar la base de apoyo al chavismo.
Para acrecentar el proceso, los dineros de la CIA irán a financiar la paralización del transporte de carga terrestre a nivel nacional. Luego corromperán a las grandes empresas de distribución de mercancías para que suspendan o atrasen los envíos.
Los supermercados, las fábricas de alimentos y haciendas agrícolas, gracias a los dineros de la CIA, acapararán los productos, es decir, los retendrán, ocultarán o destruirán, además de producir más lento para dar ejecución a un boicot de gran magnitud.
Aparecerá un mercado negro, en donde esos productos serán vendidos a precios muy superiores a los normales, creando un gran negocio para los especuladores y traidores a costa de las familias más vulnerables. Así irritarán a sectores populares y, de esa forma, responsabilizarán al gobierno de ineficacia económica.
Los dólares de la agencia también irán a corromper a dirigentes sindicales de empresas estratégicas para promover la paralización de actividades o el trabajo pausado.
Para aumentar el temor en las ciudades, se derribarán torres de alta tensión eléctrica por medio de bombazos, con el objetivo de dejarlas a oscuras y a merced de la delincuencia. La sensación de inseguridad pública es otro de los flancos que buscan explotar.
No sería raro que atentaran en contra de la vida de más de algún opositor para radicalizar la desestabilización. De dificultarse el asesinato de Maduro, se activaría una segunda opción para forzar el ingreso de los militares al poder.
Ésta consiste en matar a Diosdado Cabello, culpando a Nicolás Maduro y al servicio de inteligencia iraní, dando a conocer, en la prensa de oposición y en los medios que la CIA maneja en el extranjero, que habría existido una pugna de poder por el liderazgo del movimiento bolivariano. CNN sería la encargada de darle cobertura internacional a estas mentiras.
En este escenario no se pueden descartar actos terroristas destinados a matar a oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía que sean leales al gobierno. La CIA y sus esbirros, no se pueden arriesgar a que soldados patriotas puedan denunciar a los conspiradores.
Las conexiones chilenas
El financiamiento de esta operación vendría otra vez del narcotráfico de grandes cantidades de cocaína que la CIA pasa por Chile.
Se utilizaría para estos menesteres a la empresa con presencia en Chile, Bolivia, Perú y Colombia, llamada Crawford & Company, comandada por su CEO, Jeffrey Bowman, con sede matriz en Atlanta, USA.
Esto es conocido por el Ministerio del Interior chileno, dirigido actualmente por Andrés Pío Chadwick, reconocido pinochetista que lideró una turba de la DINA (policía política de Pinochet) en 1976, que intentó matar con pedradas y golpes de palos a obispos católicos, defensores de Derechos Humanos, en el aeropuerto Pudahuel, a su llegada desde Ecuador. Por ello fue excomulgado. Esta situación, en su momento, fue sabida y aprobada por su amigo, otro recalcitrante pinochetista y actual candidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira.
En esta operación de desestabilización de Venezuela, es parte también el Mossad, a través de uno de sus agentes en Chile: el actual Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter.
Otro agente vinculado a la CIA, es Rodrigo Ubilla, Subsecretario del gobierno de Piñera. Conocedores de estos antecedentes son los funcionarios de Interior, Marko Magdic y Rodrigo Barros Belmar.
(Fuente: contrainjerencia)
