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Por José Luis Rodríguez*
La operación de las empresas estatales en Cuba se ha desarrollado en un marco muy complejo durante los últimos cinco años. La carga que ha asumido el presupuesto mediante transferencias al sector empresarial pasó de 7 604 millones de pesos en 2009 a un estimado de 9 961 millones en 2013, para un incremento de 31%.
De esta cifra, el subsidio por pérdidas se elevó de 603 a 914 millones en el mismo período, para un incremento de 51,6%, irrentabilidad que se concentra en empresas del MINAGRI, el MINAL y en el grupo empresarial AZCUBA.
Otra carga importante de las finanzas públicas la genera el subsidio por diferencia en los precios que se pagan a las empresas que exportan o sustituyen importaciones, cuyo margen sería menor si los costos de producción se redujeran en el sector empresarial estatal. Esta partida se elevó de 4 308 millones de pesos en 2010 a un estimado de 5 614 millones en 2013, para un crecimiento de 30,3%.
Desde luego, un ajuste que permita modificar esta situación debe transcurrir gradualmente, a diferencia de lo que ha ocurrido en buena medida con el sector privado y cooperativo, cuyos elevados costos y márgenes de ganancia han impactado directamente los precios al consumidor, salvo en los casos de los productos agrícolas, que tienen un precio minorista controlado por el Estado para su venta a la población.
La base de los precios mayoristas para los insumos de las empresas estatales —una vez que se avance en la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria— debería reflejar paulatinamente los precios del mercado internacional para los insumos importados, y asumir los costos internos y el margen de utilidad para las producciones nacionales, que como tendencia debieran ser más baratas.
Pero en este proceso —que tomará tiempo y grandes esfuerzos— no podrá prescindirse de un nivel de subsidios para los precios minoristas que frene el deterioro del poder de compra del consumidor final, en tanto sus ingresos no crezcan adecuadamente.
Para lograr estas transformaciones a nivel de las empresas será necesario contar con dirigentes y técnicos que no solo tengan una mayor cultura económica, sino que puedan ser remunerados adecuadamente en base a los resultados de su gestión. Ello supone, simultáneamente, una profunda modificación en la organización, planificación, gestión y control de la actividad económica a nivel de la empresa estatal.
En tal sentido, se impone una planificación no determinista y flexible, que permita cubrir hasta donde sea posible los márgenes de incertidumbre y riesgo que toda actividad económica supone, reduciendo los niveles de centralización en las decisiones no estratégicas, y descentralizando la operación corriente en la gestión de la empresa.
En esa dirección, los mecanismos de control económico tienen que abrirse paso dejando atrás el control administrativo de alto costo y baja eficiencia, centrándose en los objetivos fundamentales, y no pretender controlar todas y cada una de las acciones que debe acometer la empresa en su gestión.
Un elemento clave para el éxito del cambio de mentalidad que tales procesos demandan se encuentra en la presencia activa del colectivo de trabajadores en la gestación y control de la actividad empresarial, lo que supone una labor efectiva de los sindicatos en el análisis colectivo de los planes y la participación de los mismos en el control de la actividad económica a través de los órganos de dirección de la entidad, incluyendo las juntas de gobierno.
Especial atención requerirá la promoción y estímulo de actividad de innovación científico-tecnológica a nivel de las empresas, mediante la creación de los fondos necesarios para su desarrollo a partir de las propias utilidades generadas.
Lógicamente, el tránsito de la situación actual a una empresa socialista eficiente demandará de un contexto adecuado.
Un factor de gran importancia para las empresas —especialmente en el sector agropecuario— será poder contar con la infraestructura indispensable para desarrollar su producción. La elevación de la capacidad de riego, donde se han manejado cifras que reflejan solo 9% de cobertura frente a 34% de área regable en el país, resulta indispensable.
Asimismo, se precisa avanzar en el desarrollo del transporte ferroviario y de la capacidad de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable —especialmente a partir de la industria azucarera—, factores que abaratarían los costos del sector de forma significativa. En todo ello, el papel de la inversión extranjera será de enorme importancia.
También parece apropiada una revisión de la política crediticia que permita a las empresas obtener los recursos financieros indispensables, para lo que resultará necesaria una política bancaria más flexible que posibilite manejar a mediano y largo plazos el endeudamiento de muchas empresas que hoy presentan pérdidas. Igualmente, debiera examinarse la conveniencia de definir las condiciones de quiebra de una empresa estatal para poder aplicar una política financiera racional.
Por último, valdría la pena resaltar que el universo en que hoy se desempeña la empresa estatal supone un cambio sustancial, considerando la presencia en el mercado interno de un sector privado y cooperativo en expansión, que no solo compite con la entidad pública favorablemente en ámbitos como la gastronomía y el turismo, sino que atrae fuerza de trabajo con una retribución mayor.
Todo esto supone la necesidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad en la empresa estatal, y para ello pudiera pensarse en mecanismos que incluyan la posibilidad de crear empresas mixtas con el sector no estatal —una variante que resultaría quizás más favorable que el arriendo de la propiedad del Estado—, así como la creación de mecanismos financieros que posibiliten la participación social en los flujos de remesas que están entrando al país como capital.
La compleja transformación de la empresa estatal es un proceso de suma importancia en el rediseño del modelo económico del socialismo en Cuba, por lo que prestar la mayor atención a los diferentes pasos que se dan en esa dirección, evaluar adecuadamente los experimentos indispensables y asegurar la mayor participación de los trabajadores en el mismo es la garantía de su exitosa culminación.
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana)
