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Por Ignacio Ramonet
Se llamaba Berta. Berta Cáceres. El 4 de marzo pasado iba a cumplir 43 años. La víspera, la mataron. En Honduras. Por ambientalista. Por insumisa. Por defender la naturaleza. Por oponerse a las multinacionales extractivistas. Por reclamar los derechos ancestrales de los Lencas, su pueblo indígena. Mañana hará un mes del crimen.
A la edad de 20 años, siendo estudiante universitaria, Berta había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que hoy reúne a unas doscientas comunidades nativas y se ha convertido en el movimiento ecologista más combativo. El régimen hondureño, nacido de un golpe de Estado, ha cedido el 30% del territorio nacional a transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay decenas de megapresas en construcción y más de 300 empresas extractivistas que saquean el territorio mediante la corrupción gubernamental. Pero el COPINH ha conseguido detener la construcción de embalses, paralizar proyectos de deforestación, congelar explotaciones mineras, evitar la destrucción de lugares sagrados y obtener la restitución de tierras expoliadas a las comunidades indígenas.
Por eso, en la madrugada del pasado 3 de marzo, mientras dormía, dos sicarios de unos escuadrones de la muerte se introdujeron en su vivienda de la ciudad La Esperanza y asesinaron a Berta Cáceres.
Se trata de un crimen político. Desde que, en junio de 2009, el presidente constitucional de Honduras Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado —contra el que Berta protestó con inaudito coraje, encabezando las manifestaciones contra los golpistas—, este país se ha convertido en uno de los más violentos del planeta y en un paraíso para las grandes transnacionales depredadoras y para las organizaciones criminales. En ese contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández (1) y la oligarquía hondureña siguen asesinando impunemente a quienes se oponen a sus atropellos. En estos últimos siete años, decenas de dirigentes campesinos, líderes sindicales, militantes de movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas rebeldes, educadores y ambientalistas han sido exterminados. Con total impunidad. Nada se investiga, nada se aclara. Nadie es sancionado. Y los medios de comunicación dominantes internacionales (tan dispuestos a poner el grito en el cielo al menor desliz que pudiera cometerse en Venezuela) apenas mencionan ese horror y esa barbarie (2).
El mismo día en que mataron a Berta Cáceres, la ONG Global Witness, de Londres, denunció que Honduras es “el país más peligroso del mundo para los activistas por el medio ambiente” (3). De los 116 asesinatos de ecologistas que hubo en el planeta en 2015, casi las tres cuartas partes se produjeron en Latinoamérica y la mayoría de ellos en Honduras, uno de los países más empobrecidos del continente (4).
En 2015, Berta Cáceres recibió el más prestigioso galardón internacional ecologista, el Premio Goldman, el “Nobel verde”, por su resistencia contra la construcción de un megaembalse hidroeléctrico que amenaza con expulsar de sus tierras a miles de indígenas. Con su audaz lucha, Berta consiguió que la empresa de propiedad estatal china Sinohydro, la mayor constructora de embalses hidroeléctricos del planeta, y un organismo ligado al Banco Mundial dieran marcha atrás y retiraran su participación en la construcción del embalse de Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, río sagrado de los Lencas en la sierra de Puca Opalaca. Movilizadas por Berta y el COPINH, las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las obras durante más de un año... Y consiguieron que algunos de los intereses empresariales y financieros más poderosos del mundo renunciaran a involucrarse en el proyecto. Esa victoria fue también la causa más directa del asesinato de Berta.
Impulsada por la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) con aporte financiero del Banco Ficohsa (Financiera Comercial Hondureña S.A.), que recibió fondos del Banco Mundial (BM), la construcción del megaembalse de Agua Zarca se inició en 2010. El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), y de dos instituciones financieras europeas: el Banco holandés de desarrollo, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., (FMO) y del Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) (5). También está involucrada la empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, contratada para la construcción de las turbinas. Todas estas empresas tienen una responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. No pueden lavarse las manos.
Porque tanto los ambientalistas como el pueblo Lenca defienden un derecho legítimo. Denuncian la violación del Convenio 169 “sobre pueblos indígenas y tribales” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (6), firmado por Honduras en 1995, porque no ha existido una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) de las personas afectadas por el megaembalse, como lo exige igualmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) (7).
Berta sabía que era una mujer marcada para morir. Había sido amenazada en numerosas ocasiones. Estaba en la mira de los escuadrones de la muerte, sicarios de los amos de Honduras. Pero ella solía decir: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo” (8). Cuando recibió el Premio Goldman le preguntaron si ese galardón podía constituir un escudo de protección, y respondió: “El Gobierno trata de vincular los asesinatos de defensores ambientales con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política planificada y financiada para criminalizar la lucha de los movimientos sociales. Ojalá me equivoque, pero creo que, en lugar de disminuir, la persecución contra las y los luchadores va a recrudecerse”. No se equivocó (9).
La presa de Agua Zarca se sigue construyendo. Y los que se oponen a ello siguen siendo asesinados sin miramientos como lo acaba también de ser —diez días después del asesinato de Berta— el líder ambientalista hondureño Nelson García (10).
Los mismos que mataron a Gandhi, a Martin Luther King, a Monseñor Romero y a Chico Mendes le cortaron la vida a Berta, maravillosa flor de los campos de Honduras. Pero no silenciarán su lucha. Como dice Pablo Neruda: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera” (11).
Notas:
(1) Elegido el 13 de noviembre de 2013 (aunque su principal adversaria Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, no reconoció los resultados y denunció un fraude), Juan Orlando Hernández tomó posesión de su cargo el 27 de enero de 2014. Pertenece al Partido Nacional de Honduras, que es miembro de la Unión Democrática Internacional (UDI), una internacional conservadora a la que están afiliados también, entre otros, el Partido Popular de España y Les Républicains (el partido de Nicolas Sarkozy) de Francia.
(2) Para comprobar el doble rasero, compárese, por ejemplo, el espacio que un “diario de referencia” como El País ha consagrado al asesinato de Berta Cáceres y el que le dedica día tras día, desde hace casi dos años, a Leopoldo López, encarcelado en Venezuela.
(4) “Honduras es el país con mayor nivel de pobreza de Latinoamérica”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de 2015.
(5) Es interesante leer la “nota de condena” del asesinato de Berta Cáceres emitida por el FINNFUND, en la que esta institución financiera finlandesa deja entender que, de todos modos, la construcción del embalse continuará...
(8) Beverly Bell, “The Life and Legacy of Berta Cáceres”, Counterpunch, 11 de marzo de 2016.
(11) Citado por Rafael Silva en “Berta Cáceres, otra víctima del capital”, Rebelión,8 de marzo de 2016.
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