Valoraciones externas sobre la inversión extranjera en Cuba (I)

11:06:03 p.m.

Por José Luis Rodríguez*

Una de las transformaciones de mayor trascendencia en la política económica de Cuba en años recientes ha sido la revalorización de la inversión extranjera directa (IED) como factor de impulso al desarrollo económico del país.

Si bien la presencia del capital extranjero en Cuba se inició a finales de los años 80 en el sector del turismo, no fue hasta el Período especial cuando se aprueba la reforma constitucional de 1992 y una ley específica en 1995 que ordenaría esta forma de financiamiento externo.

No obstante, la presencia del capital foráneo se concibió durante todos esos años como un elemento complementario para la recuperación económica del país, por lo que la inversión extranjera más significativa se concentró en un número limitado de sectores y el volumen de recursos comprometidos se estima que solo llegó a entre 4 200 y 5 000 millones de dólares.

Con la aprobación en abril de 2011 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la inversión extranjera directa continuó siendo valorada como complemento del esfuerzo inversionista nacional. Sin embargo, ya la IED había sido determinante en la expansión de actividades como la extracción de petróleo, la producción de níquel, la gestión del turismo internacional y el desarrollo de las telecomunicaciones.

El impulso a la IED con un mayor alcance se materializaría a partir de septiembre de 2013 con la apertura de la Zona Especial de Desarrollo en Mariel, a la que seguiría la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera por la Asamblea Nacional en marzo de 2014 y la presentación de una Cartera de Oportunidad de Negocios en noviembre de ese mismo año, que incluiría 246 proyectos por más de 8 700 millones de dólares.

Estas decisiones colocarían la captación de capital extranjero bajo una nueva óptica, especialmente cuando se dio a conocer que el país requiere entre 2 000 y 2 500 millones de dólares anuales de inversión externa para estabilizar una tasa de acumulación de entre 20 y 25%, con el objetivo de alcanzar ritmos de crecimiento económico superiores al 5%.

Ese enfoque y la necesidad de acelerar los cambios a introducir se entienden mejor si se toma en cuenta que la tasa de formación bruta de capital bajó de 10,9 a 7,6% en los últimos cinco años, al tiempo que se hacía inaplazable liquidar una deuda externa vencida en el 27% de su valor total, según estimados internacionales.

Es por ello que, como un elemento clave para el avance del proceso inversionista, se ha venido trabajando intensamente por mejorar la posición financiera externa del país, particularmente en lo referido al pago de la deuda externa. En este sentido, se han reducido los préstamos vencidos y se han logrado renegociar adeudos importantes, anteriormente con China y Japón y más recientemente con Rusia y México, al tiempo que se han iniciado las conversaciones con los acreedores del Club de París en medio de favorables perspectivas.

De no menor importancia ha sido el proceso iniciado para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y su influjo en la creación de un ambiente favorable para las relaciones económicas externas, aun cuando no se ha modificado el bloqueo contra nuestro país.

Pudiera decirse —además— que existen potencialidades aún no aprovechadas en términos de otras fuentes financieras externas, como pueden ser el desarrollo de nuevas modalidades de inversión en cartera, el crecimiento de la cooperación internacional (especialmente con la Unión Europea) y una captación institucionalizada más eficiente de las remesas que ingresan al país como capital del sector privado y cooperativo.

Este favorable panorama no debe conducir a la idea de que la expansión de la inversión extranjera en Cuba sea un proceso explosivo y de corto plazo, y en ello concurren un conjunto de elementos que resulta conveniente analizar.

Lo primero que interesa destacar es que la apertura a la inversión extranjera en Cuba no transcurre como parte de un proceso de privatización de la propiedad estatal, ni de apertura incondicional a las leyes del mercado capitalista. Se trata de un proyecto dirigido a crear mejores condiciones para el desarrollo de una economía socialista, en la que continuarán siendo determinantes la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y la planificación.

Desde luego, un proceso de esa naturaleza transcurrirá necesariamente en medio de inevitables contradicciones y deberá enfrentar importantes obstáculos para cumplir sus objetivos. Probablemente sea la diferencia entre los objetivos y los medios para alcanzarlos donde se aprecien ya algunas contradicciones entre aquellos que reclaman una reforma de mercado muy similar a la llevada a cabo en los países ex socialistas europeos y la actualización del modelo económico socialista, donde habrá necesariamente un reconocimiento a la acción del mercado, pero bajo control social tal y como lo conciben los dirigentes cubanos. (Continuará)

(Fuente: CC)

*  El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.