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05/12/2012 7:20:24 

 

El 70% apoya la recomendación del juez Levenson de crear una ley de control de abusos de la prensa; laboristas, liberal-demócratas y medios como The Guardian lo consideran necesario.

 

A finales de la semana pasada el juez Brian Leveson culminó las tareas que la comisión que lleva su nombre inició en septiembre de 2011; el esperado informe de análisis sobre la solvencia ética de la prensa británica suma unas 2.000 páginas.

En el transcurso de la investigación juez ha escuchado a 184 testigos en persona y otros 42 han presentado declaraciones escritas. Además de numerosas declaraciones, entre las cuales han destacado las de Michelle Stanistreet, secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), quien con otros miembros de su organización aportó la larga lista de denuncias sobre intimidaciones en las redacciones y corrupción informativa presentadas por la NUJ durante casi diez años ante el Press Council-Comisión de Quejas de la Prensa (organismo de autorregulación de la prensa británica).

Las conclusiones del juez Levenson han revelado de forma irrefutable que ese organismo de autorregulación de las empresas periodísticas ha resultado prevaricador, ineficaz y carente de sensibilidad del derecho a la información de los ciudadanos británicos.

Recomienda que el Reino Unido cree por ley un organismo supervisor de la prensa que garantice que los medios se autorregulan con eficacia y se protegen los derechos de los ciudadanos que presenten quejas cuando se vean acosados por la prensa.

El control sobre la prensa se realizaría aplicando un código de autorregulación cuyas normas fijen los propios medios; pero cuya vigilancia de cumplimiento la ejercerá esa comisión sin participación de las empresas ni de los partidos políticos.

Esta comisión podrá actuar aunque no existan denuncias y podrá aplicar multas de hasta 1% de los ingresos de la empresa afectada con un tope de un millón de libras (1,23 millones de euros).

El cuerpo también recibirá las denuncias de futuras víctimas, evitando que tengan que ir a un largo proceso judicial.

El juez defiende que la prensa británica tiene que someterse a una sistema más estricto de autorregulación que esté de alguna manera sometido a la ley y que no dependa solo del voluntarismo de la industria.

El sistema sería voluntario para las empresas, pero Levenson aclara que este no puede funcionar bien si en la práctica no están todos los actores principales del mercado periodístico y propone que los que no se adhieran sean controlados por el regulador de las telecomunicaciones, Ofcom.

El grupo Hacked Off, formado por gente afectada por los abusos de la prensa, dio la bienvenida al informe de Leveson y en especial a la total independencia frente a medios y políticos que defiende el juez, aunque insistió en que lo mejor hubiera sido que el Gobierno regulara a la prensa por ley. Otros afectados lamentaron que no propusiera un sistema que impidiera publicar ciertas noticias.

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha aceptado las principales recomendaciones sobre la autorregulación de los medios, pero se muestra contrario a la promulgación de una ley por considerar que puede amenazar la libertad expresión en el Reino Unido. Sin embargo, los otros dos principales partidos del país, laboristas y liberal-demócratas, están a favor de legislar porque ven imperativa la protección de las víctimas.

En un hecho sin antecedentes, el viceprimer ministro, Nick Clegg, realizó una declaración separada a la de Cameron, y en contraposición a su compañero de partido, dijo que «hay que promulgar la ley para garantizar que un nuevo regulador actúe correctamente».

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, ya adelantó que su partido pedirá que se acepten las recomendaciones en su totalidad e instó a iniciar el debate parlamentario para tener en enero próximo aprobado un proyecto.

De acuerdo con la BBC, el Gobierno estudia un proyecto de ley, como piden muchos partidos, y espera tenerlo redactado en unas dos semanas para que pueda ser considerado por los políticos.

La opinión pública, por su parte parece ampliamente favorable a atajar los excesos de la prensa; el 79% de los encuestados por la consultora YouGov quiere que haya un regulador independiente establecido por ley.

Entre los medios, Financial Times, The Guardian y The Independent defienden la autorregulación, pero bajo la tutela de una autoridad independiente. Y The Times se inclina por la autorregulación bajo tutela judicial.

El director del diario The Guardian, Alan Rusbridger, declaró a la BBC que contar con una legislación es un precio que puede merecer la pena pagar a fin de tener un nuevo y efectivo sistema de regulación y cree que los medios podrían aceptarlo. «Hablé anoche con varios directores. Había pocas diferencias sobre si la ley es necesaria», afirmó el director, que cree que los medios «podrían vivir» con lo que se está proponiendo.

Hugh Grant, víctima de escuchas telefónicas, se ha convertido en el famoso más activo a la hora de pedir una nueva regulación mediante su cuenta en Twitter. Desde esta plataforma, el cineasta Stephen Fry invita a firmar una petición para pedir mayor protección de la vida privada de los británicos.

Por su parte, la NUJ considera que también se debe regular por ley una cláusula de conciencia que garantice la independencia profesional de los periodistas y de normas que impiden la concentración de medios. Lo justifican en que los periodistas que disentían de los prácticas de los medios Murdoch, cuando eran despedidos, encontraban las puertas cerradas de más de la mitad del mercado, ante esa concentración de cabeceras en un solo grupo.

 

(Fuente: fesp.org)