6:07:34 a.m.
- Deficiencias del proceso inversionista y estrategias para mitigar la sequía.
- Medir bien: un derecho ciudadano.
- Las deudas recurrentes de Planificación Física y Vivienda.
- Rol de la tríada familia-escuela-comunidad a favor de la cultura.
El llamado a garantizar integralidad en las inversiones con vistas a hacerlas más racionales y eficientes y, sobre todo, ajustadas a los plazos previstos, ya se hace común en cada análisis del tema.
La jornada del lunes fue igualmente fructífera para los diputados, quienes debatieron en sus respectivas comisiones sobre la ejecución del presupuesto estatal y el cumplimiento del plan de la economía en el 2015; así como pasaron revista a la propuesta del presupuesto para el 2016.
En el horario de la tarde diversos fueron los temas que ocuparon la agenda de los parlamentarios, cada uno de ellos caracterizado por estar en concordancia con las inquietudes de la población.
Deficiencias del proceso inversionista y estrategias para mitigar la sequía
El llamado a garantizar integralidad en las inversiones con vistas a hacerlas más racionales y eficientes y, sobre todo, ajustadas a los plazos previstos, ya se hace común en cada análisis del tema. No por repetido, sin embargo, se han logrado los avances necesarios, si bien se obtienen algunos resultados positivos.
Tal reflexión trascendió en la tercera jornada de trabajo de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía que abordó la fiscalización al cumplimiento del Decreto No. 327 Reglamento del Proceso Inversionista.
La diputada Magda Pérez, vicepresidenta de la Comisión, informó sobre las visitas realizadas por los parlamentarios a 41 inversiones, ubicadas en ocho provincias, las cuales evidenciaron que en materia de eficiencia quedan muchas cuentas pendientes, desde la planificación inicial hasta la entrega de las obras.
Entre las problemáticas reiteradas figuraron la alta fluctuación de fuerza de trabajo —tanto ingenieros como obreros calificados—, la deficiente preparación de los proyectos, las contrataciones dilatadas y, por consiguiente, los atrasos en el arribo de materias primas y equipos, así como los incumplimientos en los cronogramas de ejecución y fechas de entrega.
Los diputados también conocieron sobre el impacto de las inversiones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), las cuales han beneficiado, según dijo su vicepresidente Antonio Rodríguez, a 475 000 personas.
Precisó que en el 2015 se lograron mejoras en la gestión del agua, aumentó en un 20 % la eficiencia de los sistemas hidráulicos y se trabajó en la recuperación de parámetros técnicos de la infraestructura del sector.
Mientras Inés María Chapman, presidenta del INRH, abundó en las principales acciones desarrolladas para mitigar los efectos de la sequía, teniendo en cuenta que “la capacidad de almacenaje de los embalses del país está hoy al 53 %”.
Como parte de las medidas concebidas a corto plazo —entre el 2015 y el 2016—, destacó el establecimiento de restricciones directivas a fuentes de interés estratégico, teniendo en cuenta las directrices de la Política Nacional del Agua; la instalación de sistemas de riego con eficiencia del 85 % en cuencas de estado crítico, así como el reordenamiento del servicio de distribución de agua potable mediante carros cisternas sin violar la calidad sanitaria requerida.
A su juicio, es preciso, además, alcanzar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hidráulica nacional, continuar con la rehabilitación de conductoras, redes y embalses y reducir el consumo de agua por hectárea en la agricultura. Resulta impostergable también eliminar las pérdidas del líquido en el interior de las viviendas y entidades estatales, y erradicar las indisciplinas e ilegalidades que atentan contra su uso racional.
Este programa de medidas, aseguró el Cmandante de la Revolución Ramiro Valdés, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, “debe sentar las bases para enfrentar próximos periodos secos y habrá que darle total seguimiento, pues el problema del agua resulta estratégico para el país”.
Medir bien: un derecho ciudadano
Sobre los resultados del control a los instrumentos de medición más empleados en los servicios que se prestan a la población, versó el debate de las Comisiones Agroalimentaria, Salud y Deporte, Atención a los Servicios y una representación de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
El informe expuesto refirió que, si bien existen en todas las unidades de comercio visitadas (mercados, bodegas, carnicerías, tiendas de materiales de la construcción, cafeterías, placitas) equipos de medición, el 25 % de ellos presenta roturas y alrededor del 40 % se encuentra sin certificar por la autoridad competente.
En este sentido se analizó que los municipios más alejados son los de mayor dificultad con la certificación de “apto para el uso” de los instrumentos de pesaje. La causa esgrimida es la escasez de transporte o de combustible de la Oficina Territorial de Normalización —encargada de la supervisión metrológica— para realizar dichas inspecciones; situación identificada en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Camagüey y Granma.
La fiscalización reveló además que, no obstante ser la pesa y la balanza los instrumentos más empleados para la comercialización, se aprecian otros (potes, jarros, mazos, palas y cubos), sobre todo en la actividad no estatal, que aún quedan fuera de los programas de calibración y certificación.
Asimismo, se dijo que en la red de mercados de recaudación de divisa persisten insatisfacciones de la población relacionadas con la inexistencia del pesaje de productos congelados, los lácteos, los envasados en nailon y de otros que no muestran el peso de su contenido.
La fiscalización de la metrología, que en el sector de salud pública tomó como muestra el esfigmomanómetro, evidenció que hay problemas con la cantidad de que se dispone, la calidad y la durabilidad de los mismos en algunos municipios. También se observó en las unidades visitadas equipos sin verificación actualizada y defectos técnicos.
Respecto al sector agroalimentario, en el debate Yaquelín Puebla, diputada de la provincia de Granma, comentó las dificultades de obsolescencia y deterioro de los medios con que se pesa el pienso comprado a los productores, en la fábrica del grupo empresarial porcino de la provincia.
Por su parte Silvia Martínez, del municipio de San Miguel del Padrón, se refirió a cómo se violan en los distintos establecimientos los gramajes, porque se utilizan instrumentos no convencionales, situación que sucede con el aceite medido en botellas de “sábado corto”, con los materiales de construcción por palas y con los alimentos por cajas.
En este sentido Mary Blanca Ortega, titular de Comercio Interior, explicó que su ministerio ejecuta un Programa de Aseguramiento Metrológico
2015-2016 para adquirir los instrumentos demandados en la red mayorista y minorista. Subrayó que aunque se han invertido recursos financieros considerables en esta actividad, el monto requerido para reparar y sustituir equipos en el sector es de alrededor de seis millones de dólares.
También se aludió a diferentes programas y acciones ramales en Salud, Agricultura e Industria Alimentaria encaminados a asegurar la calidad, todavía pendiente, de la actividad metrológica en el país.
Las deudas recurrentes de Planificación Física y Vivienda
Los resultados de la implementación del Decreto-Ley 322 del 2014, en lo referido al traspaso de funciones y recursos del sistema de Vivienda al Instituto de Planificación Física (IPF), la marcha de este proceso en la práctica, así como las tantas insatisfacciones y dudas compartidas por el pueblo —expresadas en voz de los diputados—, centraron el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En enero del 2015 el IPF asumió todo lo concerniente a la construcción de domicilios por esfuerzo propio, además de reclamaciones y litigios relacionados con la certificación de medidas, linderos, traspaso de solares y azoteas, según lo expuesto por el organismo en la sesión.
Con respecto a las acciones realizadas en lo que va de año, reconoció además que a pesar de los controles metodológicos y las medidas adoptadas para garantizar la prestación de un adecuado servicio al cliente, no se ha cumplido totalmente con la política de traspaso de personal, medios y locales.
En el informe presentado, se mencionaron igualmente las limitaciones que hoy existen en el otorgamiento de terrenos con condiciones mínimas para la asignación de construcción de viviendas, de modo tal que solo el 17 % de las parcelas solicitadas están disponibles.
A la lista de contrariedades, se suman fallas organizativas y de funcionamiento en los departamentos municipales de Planificación Física (DMPF), el déficit de fuerza de trabajo calificada, la morosidad en la respuesta de los trámites, especialmente en los dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas, y la falta de orientación correcta y oportuna.
En relación con estas cuestiones, la diputada por el municipio de Santa Clara, Marisel Pino González, abordó el caso de las personas que viven en asentamientos considerados como ilegales y que no pueden acceder a los beneficios del subsidio o licencias de construcción, a pesar de que llevan cerca de 20 años en estas condiciones.
Por su parte Nubia Tellechea, de Matanzas, recalcó que la mayoría de la población no sabe todavía cómo tramitar los asuntos de vivienda y hacia cuáles entidades dirigirse para solucionarlos. “Otras de las cuestiones que inciden negativamente son la documentación de los expedientes y la ineficiente gestión de estos, que conducen en muchos casos a la pérdida o extravío”, agregó.
Sobre este tema, se unió el criterio de Ariel Mantecón, también de la ciudad de los puentes, al comentar que no puede haber un sistema de trabajo en el que se formalicen algunos papeles en los antiguos archivos de Vivienda y otros en el IPF, pues estamos hablando de la base documental, de la constancia de los trámites que realiza el cliente.
“Son muchas las insatisfacciones con la implementación de este decreto. Es verdad que hay varios problemas objetivos y subjetivos, y que se está trabajando para solucionarlos, pero la realidad es que el pueblo se siente descontento y no tiene que pagar las culpas de que no existan los equipamientos técnicos necesarios o que el funcionario no esté capacitado para cumplir con su tarea”, defendió la diputada Yolainis Peña de la provincia de Las Tunas.
Al respecto, el presidente de la Comisión, José Luis Toledo Santander, expresó que si hay que hacer correcciones legislativas, se harán entonces y que el espacio de la Asamblea es precisamente para discutir los problemas y buscarles solución. De ahí que se decidiera traspasar las opiniones y criterios emitidos al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, en búsqueda legítima de acciones encaminadas al perfeccionamiento de las normas vigentes.
En la sesión de la mañana, Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado, rindió cuentas a la Comisión sobre el desarrollo de la Resolución No. 512, emitida en el 2013, que actualiza los criterios en la detección de daños a la economía, para acciones de auditoría y supervisión a empresas, organizaciones estatales y unidades presupuestadas.
La cultura en el epicentro de los debates
El análisis y discusión de los principales hechos de indisciplinas sociales, delitos, corrupción e ilegalidades en el sector de la cultura, y sus causas y consecuencias en la población cubana, matizaron los intercambios de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Un informe sobre el tema presentó María Elena Salgado, viceministra primera del ramo, quien expuso, entre otras problemáticas, violaciones de normativas establecidas para la preservación y conservación del patrimonio cultural; comportamientos inadecuados en espectáculos culturales y espacios públicos; horarios inadecuados de la programación; ruidos excesivos en las instalaciones; venta de artículos en la entrada de las instituciones; incumplimiento del Reglamento Escolar en los centros educativos, entre otros.
Diversas opiniones refirieron el papel integrado que debe desempeñar la tríada familia-escuela-comunidad, y dentro de esta última las instituciones culturales. Por ejemplo, Idaliena Casamayor, de Guantánamo, hizo énfasis en la función del instructor de arte en el trabajo comunitario, y apeló a la formación de valores y del gusto estético, como herramientas para prevenir las indisciplinas sociales.
A la conservación de los sitios históricos confirió sensible importancia Yanet Cáceres Marrero, representante del municipio de La Habana del Este; criterio que apoyó el diputado Juan Carlos Rodríguez, de Pinar del Río, al defender el rescate y preservación del patrimonio cultural de la nación.
Otro tema mencionado por el diputado fue el necesario cumplimiento de la legalidad. En ese sentido, Mirtha Millán, del municipio especial Isla de la Juventud, abogó por “ser más severos en la aplicación de los mecanismos punitivos”, y explicó la importancia que tiene corregir a tiempo el mal comportamiento social.
Abel Prieto Jiménez, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, consolidó las ideas expuestas por los diputados sobre la integralidad de la mirada con que debe evaluarse este fenómeno. “Tenemos que lograr un pueblo culto en el sentido del comportamiento civilizado, del respeto a la persona que convive en la cuadra… A nosotros muchas manifestaciones de violencia —yo diría hasta de barbarie— nos han contaminado el clima social. Y toda la sociedad tiene que trabajar de conjunto para influir en las personas”, sostuvo.
Julián González Toledo, ministro de Cultura, informó que el organismo se encuentra trabajando en estos momentos en los instrumentos jurídicos que permitirán la interacción con los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), asociados a la cultura, para la aplicación de la política cultural.
En otro momento de la jornada, González Toledo explicó a los parlamentarios las principales dificultades a superar en el sector, entre las que resaltan la falta de integralidad en la programación y la necesidad de intencionar el trabajo de promoción, así como el fortalecimiento del sistema institucional, con énfasis en la organización y las condiciones de la infraestructura.
Al dar paso a los debates, varios pronunciamientos surgieron relacionados con la importancia de las casas de cultura. Por ejemplo, la diputada Marieta Gámez, de Guantánamo, manifestó su preocupación por la prioridad que todavía se le debe dar a estas en el Plan Turquino, y el estado de deterioro de los instrumentos musicales y otros medios necesarios, que mellan la calidad de las actividades culturales en esas zonas.
En la Comisión se encontraban presentes, además, Miguel Barnet y Luis Morlote Rivas, presidente y vicepresidente de la Uneac, respectivamente.
(Fuente: Granma/PL)
