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viernes, 31 de agosto de 2018
11:11:00 p.m. 

La autoridad electoral rechazó la postulación del ex presidente, quien se encuentra encarcelado desde abril de este año. (Foto tomada durante la sesión del Tribunal Supremo Electoral de Brasil dedicada al voto respecto a la candidatura de Lula da Silva, 31 de agosto de 2018). 

La divulgación de las encuestas que evidencian el apoyo masivo a Lula trató de ser impedida por el Instituto Democracia y Libertad (IDL), que interpuso un pedido ante el TSE para censurar ese tipo de mediciones porque supuestamente "violan la seguridad jurídica de las elecciones". No obstante, el jueves pasado, el ministro Tarcisio Vieira alegó que el Tribunal no tenía competencias sobre el asunto y negó la solicitud, refiere Globo.


El ex mandatario se encuentra detenido en Curitiba desde el pasado 7 de agosto, tras una condena en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión, por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, por la presunta adquisición de un triple de Guarujá, aunque la justicia no pudo comprobar que, en efecto, el inmueble le pertenecía a Lula.

La legislación electoral de Brasil impide que los aspirantes a un cargo de elección pública tengan condenas en segunda instancia. Ante ese hecho, la Fiscalía General Electoral (FGE) impugnó la postulación y el caso pasó a manos del ministro del TSE Luis Roberto Barroso.

El Partido de los Trabajadores (PT) no ha bajado a Lula del binomio a la presidencia. El miércoles anterior, el ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, ratificó que seguiría como compañero de fórmula del ex presidente para los comicios del 7 de octubre: "Si ni el pueblo brasileño prescinde de Lula, mucho menos el PT", dijo durante un mitin en Belo Horizonte.

En el aire queda también un pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que se insta a la autoridad electoral a ofrecer las garantías necesarias para que Lula pueda ejercer sus derechos políticos hasta que se agoten sus recursos "en procedimientos judiciales justos". El gobierno de Michel Temer alegó que esa decisión no era vinculante.

(Fuente: RT)