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11:29:49 a.m.  

Tras la solicitud de activación la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela surgen dudas sobre sus implicaciones. 

En primer lugar la Carta Democrática contra Venezuela no ha sido activada. El secretario general de la Organización de Estados, Luis Almagro, solicitó abrir la Carta Democrática Interamericana de acuerdo con el artículo 20 de este instrumento, lo que representa la “convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

A partir de entonces es que se iniciarían las gestiones diplomáticas, si “resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare”,  por lo que sería convocado de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General “para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Pero ello no representa un riesgo para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, democráticamente electo, ni tampoco la activación de este instrumento contra Venezuela significa el fin del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Si durante las sesiones extraordinarias de la OEA, se constatara  “que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”, el Estado será suspendido de inmediato de su derecho de participación en el organismo. Para ello será necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros.

La Carta Democrática contempla además la posibilidad de aplicar “sanciones en los casos de grave alteración del orden democrático”. Sin embargo, no está dentro de los estatutos de este instrumento la suspensión de un Gobierno democráticamente electo.

Además, el informe de 123 páginas —presentado este martes por Luis Almagro—, está parcializado, y se sustenta “en las denuncias” formuladas por la directiva de Asamblea Nacional (AN) venezolana, con mayoría de oposición, y en “consideraciones de hecho y de derecho”. No obstante, entre las afirmaciones, denuncias y consideraciones planteadas en el documento pueden encontrarse cifras extraoficiales, desproporcionadas y argumentos tendenciosos.

De igual modo el secretario general de la OEA se asume con poder supranacional al emitir “recomendaciones” específicas sobre funciones que corresponden a las instituciones venezolanas, sobre el referendo revocatorio asevera que “debe realizarse en 2016”, relegando al Consejo Nacional Electoral venezolano, que se encarga de establecer los lapsos y procedimientos para la realización de la consulta.

Cuando pide “la liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas”, Almagro cuestiona las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre responsables de delitos.

Asimismo, con las recomendaciones se deja de lado los esfuerzos, gestiones y competencias de organismos nacionales y regionales como la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) para afrontar la coyuntura de Venezuela.

Estemos claros de que la activación representa una injerencia en asuntos internos. Las soluciones a cualquier problema en Venezuela deben ser alcanzadas por el diálogo y entre los venezolanos, sin intervenciones externas.

Venezuela, de acuerdo a informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el país de América Latina con mayor confianza en la democracia. 

Para 2013, cuando el Parlamento tenía mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  la confianza en este órgano se ubicaba en 42 por ciento, lo que representa un aumento un incremento de 23 por ciento en comparación con lo registrado en la llamada Cuarta República.

Con la llegada de la Revolución Bolivariana se registró un aumento de la valoración positiva hacia los partidos políticos y en 2013 el nivel de aprobación se ubicó en 42 por ciento, lo que significa un 30 por ciento más en comparación con la registrada para 1995, en apenas el 11 por ciento.

(Fuente: TeleSURtv)