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Por José Luis Rodríguez

En los últimos años la economía cubana muestra avances en un conjunto de aspectos que tributan a una mayor eficiencia económica, tomando en cuenta la presencia de un mayor crecimiento de la productividad del trabajo en relación con el incremento del salario medio, un descenso en la intensidad energética y una reducción de las empresas irrentables, entre algunos indicadores significativos.

Sin embargo, la magnitud de estos logros resulta insuficiente para los requerimientos de una economía que aún sufre los impactos de la crisis del Período especial, que muestra un nivel de apertura del 44%, que presenta un PIB donde el aporte combinado de la industria y la agricultura no llega al 20%, o que para crecer 1% demanda un aumento del 2% en las importaciones.

El impacto de medidas que incrementen la eficiencia con el mismo gasto o un mínimo de recursos resulta un imperativo al que debe prestarse la mayor atención. En tal sentido, basta recordar que existen estudios que demuestran que si todos nuestros productores agrícolas alcanzaran el mismo nivel de productividad de las explotaciones más eficientes, la producción se multiplicaría por cuatro veces.

Desde luego, se requiere un cambio de enfoque en la solución de múltiples problemas y abandonar criterios que –a pesar de muchos años de utilización sin resultados– continúan aplicándose. Igualmente, debe tomarse en cuenta que la medición en términos de valor de muchas medidas será relativa en tanto no concluya el proceso de reunificación monetaria, por lo que en las actuales circunstancias la medición en términos físicos resultará más efectiva.

Comenzando con algunas ideas generales, valdría la pena reconsiderar el criterio que impulsa a penalizar los excesos de gastos en lugar de estimular los ahorros. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que existen suficientes investigaciones que muestran que las personas y las organizaciones empresariales reaccionan más favorablemente cuando –por ejemplo– se les reduce una factura ante un gasto inferior a la norma que cuando se les penaliza por gastar por encima de lo establecido, especialmente cuando el estímulo repercute en beneficio personal y colectivo favoreciendo las iniciativas para potenciarlo.

Es así que situaciones como el incremento del consumo de electricidad que se viene observando en el sector residencial desde hace varios años, al igual que “ahorros” que se reportan en el sector estatal que responden a la inejecución de funciones –muchas veces decretadas administrativamente–, requieren un análisis, pues los mecanismos implementados no cumplen su función de forma adecuada.

Una consideración especial merece la regulación estatal en condiciones de actuación del mercado donde interviene el sector no estatal. La experiencia demuestra que no es mediante medidas administrativas –sea topando precios o con inspecciones y multas– que se pueden regular los precios. Un cambio significativo sobre la necesidad de que el Estado compita para regular precios mediante una oferta cuantitativa o cualitativamente mejor, tal y como explicó Marino Murillo en la pasada sesión de la Asamblea Nacional en el caso del arroz que se programa vender establemente a cinco pesos la libra, resulta el camino correcto. Las otras regulaciones de carácter administrativo lo que consiguen, en la mayoría de los casos, es que la actividad pase a la economía informal, pues la necesidad no satisfecha permanece.

En ámbitos más específicos valdría la pena examinar cómo ampliar la venta de bonos de deuda publica a la población con el objetivo de financiar el déficit presupuestario. Esta medida —ya vigente para cubrir el 70% del déficit con préstamos de los bancos comerciales—, además de ampliar los fondos disponibles y flexibilizar el gasto presupuestario, estimularía el ahorro y reduciría las presiones inflacionarias. Desde luego, se requiere establecer las regulaciones indispensables para controlar a los tenedores de deuda, pero también elevar las tasas de interés por encima de las que hoy ofrece la banca comercial a fin de hacer atractiva la opción.

En el caso de las inversiones resulta necesario aumentar la credibilidad de la captación de financiamiento externo mediante una gestión de los proyectos que resulte transparente y –sobre todo– que ofrezca respuestas rápidas y precisas, tal y como se establece en la Ley 118, recientemente aprobada.

También sería conveniente examinar el mejor modo de incrementar el gasto por turista/día en el país, un indicador que se ha venido reduciendo, mediante una mayor proporción de inversiones extrahoteleras que impulsen el gasto más allá de la modalidad de “todo incluido” que hoy cubre entre el 70 y el 75% de la oferta.

Todas estas medidas y otras muchas que pudieran sugerirse solo disfrutarán de un verdadero impulso cuando se incremente la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones económicas en las entidades estatales, consolidando su verdadero carácter de copropietarios de las mismas y estimulando la sabiduría colectiva para conquistar los espacios de eficiencia que demanda nuestra economía.

(Fuente: CC)